El 3 de diciembre de 2024, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró la ley marcial, argumentando la necesidad de proteger el orden constitucional frente a supuestas actividades antiestatales de la oposición y amenazas de Corea del Norte. Esta medida implicaba la suspensión de actividades parlamentarias, restricciones a los medios de comunicación y la prohibición de protestas.
La declaración provocó una respuesta inmediata del Parlamento, que votó en contra de la medida, con 190 de 300 legisladores presentes apoyando su anulación. Simultáneamente, miles de manifestantes se congregaron frente a la Asamblea Nacional en Seúl, enfrentándose a las fuerzas militares desplegadas. La presión política y social llevó al presidente Yoon a revocar la ley marcial pocas horas después de su implementación.
Este episodio ha generado una crisis política significativa en Corea del Sur, con llamados a la renuncia o destitución del presidente Yoon. La comunidad internacional ha expresado su preocupación, instando al respeto de los procesos democráticos y el Estado de derecho. La situación ha dejado al país en una encrucijada política, con expectativas de nuevas manifestaciones y debates sobre la estabilidad democrática.
La ley marcial, una medida extrema que otorga poderes especiales a las fuerzas armadas para mantener el orden, no se implementaba en Corea del Sur desde 1980, durante la masacre de Gwangju. Su reciente declaración y rápida revocación han reabierto heridas históricas y suscitado debates sobre el equilibrio entre seguridad y democracia en el país.
En este contexto, Corea del Sur enfrenta el desafío de reconciliar las divisiones políticas internas y fortalecer sus instituciones democráticas para evitar futuros episodios de inestabilidad. La atención nacional e internacional permanece centrada en los próximos pasos que dará el gobierno y la oposición para resolver la crisis actual.
